La Comunidad de Madrid quiere conseguir «una mayor seguridad jurídica» y arbitrar «nuevas fórmulas legislativas que agilicen los trámites para recuperar las viviendas usurpadas ilegalmente», según una nota de prensa de ayer. Este es el mensaje que el Consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional, Enrique López, trasladó a los participantes del I Congreso Sectorial de Derecho Inmobiliario y Urbanístico ‘Inmoiuris 2019’.
Para ello, el Ejecutivo autonómico «viene trabajando muy activamente desde el inicio de esta legislatura con la creación de la Mesa de la Vivienda y la Okupación», un órgano interconsejerías que impulsará todas las acciones para «atajar un problema grave en el que también se quiere implicar a jueces y fiscales».
Por otra parte, López ha destacado «el esfuerzo que están realizando los 10 jueces y 36 funcionarios de los cuerpos de gestión procesal y auxilio judicial» adscritos al Juzgado de Primera Instancia número 101. Este juzgado centraliza todas las demandas de los ciudadanos en nuestra comunidad que solicitan la devolución de los costes derivados de las cláusulas-suelo incluidas en los préstamos hipotecarios. Desde su puesta en funcionamiento en el año 2107 se han presentado casi 80.000 demandas, 32.837 corresponden al año 2017, 32.193 al 2018, y 14.918 hasta el 31 de octubre del 2019.
