El Ejecutivo de Rivas rechaza la pretensión de los partidos de oposición de considerar ilegal la consulta denominada ‘Repensar la ciudad. Rivas, párate a pensar’ y les envía un mensaje: «Más contar con la ciudadanía y menos judicializar las cosas».
«Afortunadamente, en este país no es ilegal preguntar a la gente su opinión», ha dicho esta mañana Pedro del Cura, alcalde de Rivas, en la rueda de prensa en la que ha presentado el proceso participativo que ha comenzado hoy mismo y que, bajo el nombre ‘Repensar la ciudad. Rivas párate a pensar’, tiene como objetivo que la gente de Rivas se pronuncie sobre si considera adecuado o no hacer un parón en el crecimiento de la ciudad y pensar cómo quiere que sea ese entorno en el futuro a largo plazo.
El regidor ripense ha desvelado que su Gobierno se ha reunido con todos los grupos de la oposición para explicarles el proceso y que les ha animado a «participar en él y no desligarse con procedimientos leguleyos».
En los últimos días, todos los partidos de la oposición han mostrado su rechazo a la celebración de la consulta ciudadana que ha lanzado el Ayuntamiento. El PP, a través de su portavoz, Janette Novo, aducía para ello el pasado sábado que «En el artículo ‘Rivas, párate a pensar’ de la revista Rivas al Día [la revista municipal], se informa que se celebrará consulta ciudadana para responder a la siguiente cuestión: ¿Debe Rivas parar su crecimiento urbanístico y poblacional para definir un modelo de desarrollo urbano para las próximas décadas?, y en la portada de la revista sugiere a los vecinos la respuesta cuando dice textualmente que Rivas debe frenar su crecimiento urbanístico para cuidar la calidad de vida del municipio. Esto no es serio, es una consulta totalmente manipulada y sugestiva que además no cumple con los requisitos legales establecidos para una consulta”.
Además, Novo señala que «Si se va a realizar una consulta, debe ser con todas las garantías y la primera de ellas es que con carácter previo a su realización tiene que ser aprobada por mayoría absoluta del Pleno, lo que no ha ocurrido en este caso en que no se ha sometido a consideración de este órgano colegiado”. La portavoz del PP se refiere a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que se podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno.
Por su parte, el concejal no adscrito Bernardo González ha utilizado similares argumentos respecto a que debería haberse llevado el proceso a un Pleno municipal, y añade que «esta consulta precipitada se debe a la cruzada que tiene este gobierno con la empresa Jarama Desarrollos que desarrolla el sector del Cristo de Rivas, como ya desprendió el propio Alcalde en unas declaraciones recientemente».
Para completar el arco de la oposición, también la concejala de Vox, María de los Ángeles Guardiola, se ha pronunciado en contra del proceso abierto hoy y asegura haber presentado por registro municipal, igual que Bernardo González, «la paralización de la consulta ‘Rivas, párate a pensar’, que el @AytoRivas pretende sea vinculante, por no ajustarse a legalidad y dirigir el voto de la ciudadanía de #Rivas hacia el voto afirmativo»
Tampoco han faltado voces a favor de la consulta. La Asociación Vecinal Ladera de los Almendros ha hecho pública una nota en la que muestra su apoyo al proceso participativo: «Desde la Asociación Ladera del Almendro, vemos necesario y oportuno el proceso abierto de participación ciudadana que propone el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid». En la misma nota adelantan su respuesta afirmativa a la pregunta de si Rivas debe parar su crecimiento urbanístico para definir un nuevo modelo de desarrollo urbano para las próximas décadas.
El cambio en las reglas del juego como justificación del proceso
En la rueda de prensa celebrada esta mañana, tanto el Alcalde como las portavoces de los tres partidos que componen el Gobierno local han explicado las razones de que sea ahora cuando se plantee la necesidad de este proceso de reflexión colectiva.
La falta de colaboración institucional que, en opinión del Gobierno, se viene dando durante los últimos años por parte de la Comunidad de Madrid, fuerza a plantearse la posibilidad de un parón en el ritmo de crecimiento de una ciudad que no ha dejado de crecer en las últimas décadas, pero que en estos últimos años ya no consigue que el Gobiero autonómico cumpla con sus compromisos en materia de dotación de infraestructuras básicas.
«Hace años que venimos reclamando cosas imprescindibles para la ciudad tal como ya es: más centros educativos, más centros de salud, soluciones al transporte público…». Lo que han venido a expresar las portavoces políticas (los tres partidos del Gobierno tienen a mujeres como portavoces) es que hasta cierta época el Gobierno regional, incluso siendo del Partido Popular, se avino a llegar a acuerdos con los gobiernos de Rivas, fruto de lo cual se pudo, desde el ámbito municipal, aportar financiación para adelantar las obras necesarias. Sin embargo, en los últimos años esta conducta ha cambiado totalmente, y no se aceptan los acuerdos, o incluso cuando se aceptan, su cumplimiento se dilata intolerablamente en el tiempo.
Un proceso de punto de partida, y no de llegada
Pedro del Cura ha insistido una y otra vez en que el proceso que hoy se ha abierto «no es un punto de llegada, sino de partida». Quería decir con ello que «no pretendemos predefinir la respuesta a la pregunta que hacemos en la consulta». «Lo que estamos planteando es que la gente decida si debe abrirse ese proceso de repensar la ciudad que queremos para las próximas décadas».
Si la respuesta a la pregunta es mayoritariamente afirmativa, se abriría una segunda fase del proceso de participación, en la que ya se pondrían sobre la mesa argumentos y documentación aportada por técnicos municipales, que servirían para adoptar con conocimiento de causa la decisión final que correspondiese: parar o no ese crecimiento.
También se han adelantado plazos orientativos: «Queremos que el proceso se complete en un plazo máximo de seis meses», ha dicho el Alcalde.
