Así lo ha decidido esta misma mañana el Consejo de Ministros, reunido desde las 12:00 horas. El Ejecutivo no ha recibido llamada alguna del la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que quedó en hacerlo para «negociar» la implantación del decreto. En realidad, el decreto de Estado de Alarma no modifica en nada el tipo, cantidad y ámbito de aplicación de las medidas contenidas en la Orden Ministerial del pasado 1 de octubre.
Se pasó el tiempo que el Gobierno central había dado a Isabel Díaz Ayuso para realizar una simple llamada de teléfono y, con ella, iniciar un proceso de negociación acerca de los términos en los que se podía actuar para salvar la resolución judicial emitida recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Las medidas impuestas por el Gobierno central en la Orden Ministerial del pasado 1 de octubre, que ampliaban las restricciones de movilidad, distancia personal, aforos y otros elementos en la lucha contra la escalada de la pandemia en la Comunidad de Madrid, no han estado en ningún momento en entredicho. Siguen vigentes, a pesar de lo que pudiera parecer en la resolución del TSJM. Es por eso que el Gobierno regional no se ha apresurado a declarar anuladas tales medidas, sino que ha jugado la baza de pedir al Ejecutivo de Sánchez una «negociación» al respecto.
La falta de respuesta de Díaz Ayuso a la oferta del Gobierno central de dar un paso para negociar los términos de cumplimiento de esa orden ministerial ha obligado a éste a decretar un Estado de Alarma que en realidad no cambia nada respecto al número y tipo de restricciones que se aplican dentro de la Comunidad, como tampoco cambia nada respecto a los criterios de aplicación de esas medidas, dependiendo de la situación de cada municipio.
La única diferencia es que al defecto de forma que, en realidad, fue sobre el que entró a resolver el TSJM, el Gobierno central responde ahora con un instrumento (el Estado de Alarma para la región) que supera ese defecto formal.
