El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al Ayuntamiento de Rivas y condena al Canal de Isabel II a pagar 460.000 euros en concepto de impuestos no abonados con motivo de las obras de canalización de agua que realiza la empresa autonómica en la ciudad.
La obra, que está previsto que finalice el 31 de diciembre de 2018, dotará a la ciudad de una estructura subterránea de 50 kilómetros permitirá el riego de los parques y jardines de la localidad sin utilizar agua potable, lo que supone ahorro económico y una mejora ecológica para el municipio.
La polémica sobre este tema, surgió en el 2014, cuando Rivas inició la tramitación del expediente para la concesión de la licencia de las obras. tras esto, el Consistorio ha venido reclamando al Canal el pago, durante todos estos años, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ante la negativa reiterada de la empresa dependiente de la Comunidad de Madrid.
La sentencia emitida por el TSJM declara que el Canal sí está sujeto al impuesto, aunque acepta que varias partidas deben de excluirse del mismo. Esto supondrá dar de baja la liquidación paralizada desde 2014 y emitir una nueva por la base determinada por el TSJM: una cuantía que ascenderá a unos 460.000 euros.
Además, desde la Concejalía de Hacienda se estudiarán otros expedientes sobre obras realizadas por el Canal en la localidad para proceder a liquidar aquellas que no tengan liquidación y sea pertinente hacerlo con la nueva sentencia.
EN DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO
La concejala de Hacienda, Sira Rego, declara que: “Ayuntamiento siempre defenderá el patrimonio de la ciudadanía ripense, acudiendo a la justicia cuantas veces sean necesarias”.
Rivas ya trató de personarse como acusación particular, aunque la fiscalía lo impidió, en el juicio del caso Lezo, que investiga la supuesta trama de corrupción llevada a cabo en la gestión del Canal de Isabel II durante los gobiernos del PP. Rivas, como otros 110 municipios madrileños, forma parte de del accionariado de la sociedad anónima: es titular de 2.324.527 acciones, que representan el 0,21643% del capital social.
El alcalde Pedro del Cura, ya manifestó en su momento que: “la maniobra del fiscal hurtaba a las administraciones locales representadas en la Junta de Accionistas del Canal la capacidad de defender los derechos de su ciudadanía a preservar su participación en el patrimonio de una empresa pública que ha sido objeto de un expolio salvaje”.
Además añadía que: “Resulta escandaloso que se nos diga, como hace la Fiscalía y el Juzgado, que los responsables del entramado al que se acusa de enriquecerse ilícitamente con el dinero de todos los madrileños y madrileñas son los que van a defender que se esclarezca lo sucedido. El Fiscal General del Estado nos quiere convencer de que el zorro es quien mejor cuida las gallinas”.
