Tras conocer la posible comisión de un delito de falsedad documental, «se ha puesto en conocimiento de las autoridades para que abran una investigación». La alcaldesa de Rivas muestra “su enorme preocupación” por la posible comisión del delito: “Se debe investigar a fondo”. De haberse aprobado la licencia, tal y como indica el Canal de Isabel II, habría aumentado el riesgo de vertidos de aguas residuales al medio, lo que podría suponer también la posible comisión de un delito medioambiental.
El Ayuntamiento de Rivas, «tras tener conocimiento de la posible comisión de un delito de falsedad documental por parte de una de las constructoras solicitantes de licencias urbanísticas en el municipio», ha puesto en conocimiento de las autoridades la información necesaria para que abran una investigación, según una nota de prensa emitida esta misma mañana. Además, el Consistorio ha anunciado que «auditará todas las licencias urbanísticas en tramitación por si se han producido posibles irregularidades».
Asimismo, la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha convocado de manera urgente una reunión de la Junta de Portavoces de las fuerzas con representación municipal, donde ha transmitido su “enorme preocupación” y ha facilitado la documentación a todas y todos los representantes públicos. Según ha señalado la propia alcaldesa, “se debe investigar a fondo la posible comisión de un delito de esta gravedad”.
«Toda la documentación está a disposición de las autoridades que la requieran, especialmente del Canal de Isabel II, que podría ser parte afectada en tanto que el documento, supuestamente manipulado, lleva su sello», advierte la nota municipal. En el documento se indica que “existe en la zona instalación de abastecimiento propia de la red de Canal de Isabel II, la cual se encuentra activamente en servicio” y “es capaz de abastecer la demanda de agua derivada de la ejecución”. Este hecho ha sido desmentido por el propio Canal, que ha indicado asimismo que el documento carece de validez.
Del mismo modo, de haberse aprobado la licencia, tal y como indica de nuevo el Canal, habría aumentado el riesgo de vertidos de aguas residuales al medio. «Este hecho podría suponer la posible comisión de un delito también medioambiental».
Como ha apuntado la Alcaldesa, esta es la prueba de que “un modelo de crecimiento descontrolado puede provocar enormes daños a los ciudadanos y las ciudadanas y a su entorno natural”. “Está claro que en Rivas mandan los vecinos y las vecinas y no el ladrillo”, ha señalado. “Son muchos años defendiendo un modelo de ciudad sostenible, que crezca a un ritmo adecuado y con servicios públicos”.
Asimismo, ha querido incidir en los años que el Ayuntamiento lleva «demandando la adecuación de la zona y la correcta urbanización a las empresas urbanizadoras responsables de la misma», y ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde la concejalía de Urbanismo, donde los equipos trabajan “mano a mano con las compañías suministradoras para conocer la capacidad real de prestación de servicios básicos a las familias residentes actuales y del futuro”.
Por último, ha insistido en que «es importante que la investigación por parte de las autoridades se desarrolle en profundidad», por si “existen prácticas similares por parte de la patronal del ladrillo en otras administraciones”. “En Rivas -ha finalizado- no se van a permitir estas prácticas opacas sin que el Ayuntamiento actúe”.
