La empresa fue adjudicataria de un contrato en 2017 para la instalación de césped artificial en varios campos de fútbol y pádel de Rivas y otras obras menores, pòr un importe cercano a los 550.000 euros. Técnicos de Deportes entienden que la instalación realizada por la empresa puede adolecer de vicios ocultos, por lo que el Gobierno decidió ayer abrir un expediente por responsabilidad del contratante. Magein 2012 resultó investigada como una de las empresas de las que se habría valido el antiguo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, para obtener beneficios propios de manera ilegal.
La concejalía de Deportes ha iniciado un expediente de responsabilidad relacionado con el material que Magein 2012 SL suministró en el marco del contrato 74/2017 para reposición del césped artificial de los campos de fútbol municipales de El Vivero, Santa Ana y Cerro del Telégrafo, además de las pistas de pádel de este último centro municipal y del polideportivo Parque Sureste. El contrato, que ascendía a cerca de 550.000 euros sumando los tres lotes de los que constaba, fue adjudicado el 1 de septiembre de 2017, y la reposición del césped en las diferentes instalaciones municipales terminó unos meses después.
Fuentes del Ayuntamiento de Rivas reconocen que fue la implicación de la empresa adjudicataria en una macrocausa que el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, abrió contra el ex-presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, la que hizo aparecer la sospecha sobre la correspondencia entre el material instalado por Magein 2012 y el exigido en el expediente de contratación. Fruto de esas sospechas fue el encargo de una auditoría técnica para evaluar si podían existir tales discrepancias.
En diciembre de 2019 Deportes recibió los resultados de esa auditoría. La conclusión a la que se llegaba era que podían existir vicios ocultos relacionados con la calidad del material instalado. Ese indicio es el que ha llevado al Ayuntamiento a abrir un expediente por responsabilidad de la empresa. El expediente no es sino el trámite preceptivo para que la empresa pueda certificar las calidades y características del césped que instaló, y su adecuación a los términos estipulados en el contrato. Cuando lo haga, y en el caso de que no pudiera demostrar dicha adecuación, «el Ayuntamiento podría resolver o bien la reclamación de daños y perjuicios, o el cumplimiento de las características de calidad del material», según explicó ayer el Alcalde, Pedro del Cura, en rueda de prensa.
Las razones de la sospecha
La imagen de unos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrando en el Ayuntamiento de Rivas y solicitando documentación sobre unos contratos, quedará grabado a fuego en la retina de más de una persona de Rivas. Era marzo de 2018 y La Uno de TVE y el diario El País lanzaron una «información» según la cual el motivo de la presencia de los agentes era investigar una «posible adjudicación irregular» por parte del «Gobierno de IU y Podemos en Rivas» a una de las empresas investigadas dentro de la macrocausa que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz instruía contra Ángel María Villar, por entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El revuelo organizado en torno a esta «información» concluyó con la Defensora del Lector de El País abroncando públicamente a los redactores que plasmaron la «noticia» por su falta de profesionalidad al no contrastar debidamente la naturaleza de los hechos; y con uno de los pocos casos de rectificación pública de RTVE en uno de sus informativos, reconociendo que los titulares facilitados al respecto no habían sido ciertos.
La empresa involucrada en todo este revuelo era Magein 2012, y el contrato sobre el que los agentes de la UCO buscaban información era este mismo que ahora el Ayuntamiento sospecha que puede haber sido incumplido. Los indicios que el juez Pedraz investigaba por medio de la UCO llevaban por entonces a esta unidad a entender que la técnica por la que los dirigentes federativos investigados podían haberse hecho con beneficios ilegales consistía, entre otras, en la utilización de materiales más baratos que los estipulados en los contratos adjudicados a Magein 2012 por parte de diferentes entidades públicas españolas. Se producía así un «ahorro» considerable que después podía haberse utilizado para engordar el bolsillo de los dirigentes.
Técnicos jurídicos de otras corporaciones municipales consultados por Rivas Actual consideran que la actuación del Ayuntamiento de Rivas se ajusta perfectamente a los procedimientos administrativos. «Si en el momento de la adjudicación del contrato, la empresa adjudicataria reunía las condiciones plenas para ser beneficiaria del mismo, ya que no había resultado condenada en ningún proceso», explican, «no se podría haber argumentado la mera consideración de investigada para excluirla del proceso de adjudicación». Sólo posteriormente es razonable tener la sospecha sobre la idoneidad de los materiales empleados por la empresa, «lo cual justifica plenamente la sospecha y el encargo de la auditoría sobre calidades entregadas», concluyen.
