El PP local cree que el incremento de los precios de la vivienda en Rivas es «responsabilidad exclusiva» del Gobierno municipal, a causa de la paralización de concesión de licencias de obra, y propone como alternativa un apoyo de 1.000 anuales a nuevos inquilinos jóvenes. Por su parte, el PSOE pondrá el acento en la creación de una estrategia común entre Comunidad y municipios, para la gestión y tratamiento de residuos urbanos.
El Pleno municipal del mes de septiembre, que tendrá lugar a partir de las 9:30 de hoy, jueves, debatirá, entre otras, una propuesta del Partido Popular y otra del PSOE, relativas, respectivamente, a la creación de ayudas municipales a nuevos inquilinos jóvenes de vivienda en alquiler y a la creación de una «estrategia común» entre Comunidad de Madrid y los municipios que componen la misma, para la «gestión y tratamiento de los residuos urbanos».
1.000 euros anuales como ayuda al alquiler joven
En el caso de la moción que lleva al Pleno el PP, su portavoz, Janette Novo, valora que el incremento del precio de la vivienda en alquiler en Rivas es «única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno municipal al paralizar las licencias de construcción hace ya más de tres años, lo que ha hecho que la oferta disminuya, la demanda aumente y por lo tanto los precios se disparen».
Los populares proponen, para contrarrestar esta situación, la concesión de una ayuda a los nuevos inquilinos de 1.000 euros anuales «con independencia de ayudas estatales o autonómicas que puedan recibir». La concesión de la ayuda municipal requeriría, para el PP, que los beneficiarios de la misma cumpliesen determinados requisitos.
Estrategia común de residuos
Por su parte, el PSOE planteará en una moción instar al Gobierno regional a la creación «de la mano de los 179 municipios que la componen, una estrategia común para la gestión y el tratamiento sostenible de los residuos que generan los pueblos y ciudades madrileños».
La vicealcaldesa y secretaria general del PSOE en Rivas, Mónica Carazo, ha recordado la
existencia de una directiva europea que obligará el año que viene a los ayuntamientos a cobrar el 100% de la gestión y el tratamiento de las basuras que se generan en los municipios. “Se trata, en definitiva, de contar con una nueva estrategia de residuos que aborde, también, la aplicación de la tasa de basuras, que será de obligado cumplimiento a partir de 2025”.
Carazo recuerda, en una nota de prena, que «la gestión de las basuras a través de consorcios o entes de ámbito autonómico o provincial ya existen en otras regiones o provincias españolas».
