La Asamblea Popular de Rivas (APR) ha hecho público un comunicado en el que da cuenta de la situación de una familia habitante de un piso del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) situado en Rivas y que ha sido desalojada por los responsables de ese organismo, dependiente de la Comunidad de Madrid. La APR, representativa del movimiento 15-M de Rivas, hace responsable al IVIMA de ejecutar el deshaucido de esta familia «con mayor celeridad que si de la banca privada se tratase, dejando a las familias que acogió en la calle».
No obstante, la APR pide al Ayuntamiento que se haga cargo de la situación de la familia deshauciada recordando que en el programa electoral de Izquierda Unida, que obtuvo mayoría absoluta en la localidad en las elecciones municipales de marzo pasado, figuraba como uno de sus ejes prioritarios el compromiso con los más desfavorecidos, «desde la conciencia de que los momentos de crisis que atravesamos nos exigen, por un lado, poner el acento en la asistencia y acompañamiento social a quienes más están sufriendo…»
El 15-M admite que las personas ahora afectadas fueron contactadas por el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas (EMV), pero asegura que éste quedó en «realizar las acciones pertinentes y en llamarles, pero han pasado los días sin que les haya hecho llegar ninguna noticia».
En consecuencia, la APR concluye: «Junto con esta familia, pedimos que el Ayuntamiento de Rivas deje de hacer oídos sordos a estas situaciones, y garantice que ninguna persona del municipio se quede en situación de desamparo habitacional, y que como ciudad donde se debe dar ejemplo del respeto a los derechos humanos, no permita que esta familia quede en la calle mientras cientos de pisos de protección permanecen vacíos»
Asimismo invitan a las autoridades municipales a «establecer diálogo con los afectados, por parte de los concejales y responsables de las áreas a quienes implique», y advierten que «mientras no sea así, anunciamos que iniciaremos junto a ellos las movilizaciones y acciones que se consideren necesarios para hacer respetar los derechos garantizados para la dignidad de las personas. Y denunciaremos cualquier vulneración de los compromisos adquiridos a través de un programa electoral que les ha dado una mayoría absoluta».
