Alrededor de 80.000 casas de distinto tipo se calcula que estaban en venta en el territorio de la Comunidad de Madrid, según datos de 2018. La nueva oferta prevista por el Gobierno regional aumentaría notablemente esa cifra, mientras sólo cerca de 3.500 personas estaban, en las mismas fechas, en la lista de espera regional para conseguir una vivienda protegida, aunque el ayuntamiento de Madrid aseguraba contar con una lista mucho mayor, en torno a las 22.000 personas. El Plan se contradice con la decisión de recurrir la anulación de la venta, en 2013, de 3.000 viviendas a un fondo buitre.
El Plan Vive Madrid auspiciado por el Gobierno regional prevé la construcción de 25.000 nuevas viviendas en la Comunidad, mediante el sistema de colaboración público-privada. Así lo asegura una nota del Gobierno de Díaz Ayuso, que el pasado 28 de agosto afirmaba que «el Gobierno regional promoverá la construcción de hasta 25.000 viviendas en suelo público». En esa fecha el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, mantenía una reunión con Juan Casares, presidente de CONCOVI (Confederación de Cooperativas de Viviendas de
España), y de la Federación de Cooperativa de Vivienda de la Comunidad de Madrid (FCVCAM). Era la primera de una lista de reuniones previstas con agentes inmobiliarios privados, con vistas a diseñar los términos de esa colaboración público-privada. La base de la misma será que la Comunidad pone el suelo público y se erige en promotora, y las inmobiliarias construyen.
Lo que no queda clara es la relación entre este plan y la venta a un fondo buitre de casi 3.000 viviendas en 2013, venta que un tribunal declaró nula en mayo de 2018 en una sentencia que el Gobierno autonómico recurrió. Si el Gobierno de la Comunidad considera aceptable esa venta (como parece deducirse del recurso presentado contra la anulación de la misma por el tribunal) es porque entiende también que esas viviendas «sobran». No se comprende, entonces, que al mismo tiempo se lance a planificar la construcción de una cifra diez veces mayor de nuevas viviendas.
Y esa venta que el tribunal declaró nula no es la única llevada a cabo a fondos buitre en la Comunidad de Madrid. Un reportaje de El País de finales de 2018 arrojaba una cifra de unas 5.000 viviendas que habían seguido ese camino. 5.000 viviendas que, en buena lógica, se considera que no tienen por qué ser gestionadas por la propia Comunidad. ¿Por qué construir, entonces, 25.000 viviendas nuevas más?
‘Non gratos’
Sobre todo cuando el resultado de la venta de esas viviendas protegidas a fondos buitres está teniendo como resultado un rosario de desgracias para los inquilinos de las mismas, cuando se trata de vivienda en régimen de alquiler. En Rivas, el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente a un largo litigio con el Grupo Ortiz, que se hizo con las viviendas construidas por el IVIMA en régimen de alquiler en la zona de la avenida Pablo Iglesias próxima al cementerio municipal. Ante el aumento significativo de los alquileres que la empresa quiso imponer a los inquilinos, el Ayuntamiento decidió comprar, a su vez, un número de éstas al Grupo. Las responsabilidades que éste tenía en el mantenimiento de los edificios una vez que los había adquirido no se habían cumplido, motivo por el cual el Ayuntamiento reclamó la realización de esos trabajos para cumplir con su parte del pago de las viviendas adquiridas a la empresa.
En otros casos, como el de Tres Cantos, fondos buitre como Fidere, perteneciente al grupo Blackstone, fueron declarados «non gratos» en diciembre de 2018 por la Corporación municipal debido al incumplimiento de las condiciones pactadas en la adjudicación, con resultados lesivos para los inquilinos de las viviendas. En San Sebastián de los Reyes, otro fondo buitre, Lazora, también había sido, tres meses antes, declarado «non grato»: había subido el alquiler hasta un 68% a los ocupantes de las viviendas adquiridas.
