La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedía ayer domingo dia 3 de mayo al Gobierno central que reconsidere la vuelta a clase en todas las etapas, al menos, 15 días antes de que termine el curso escolar, poniendo especial hincapié en la necesidad de abordar este asunto para los alumnos más mayores, de ESO y Bachillerato.
En la octava videoconferencia de presidentes que se calebraba ayer domingo dia 3 de mayo, Díaz Ayuso ha solicitado que el regreso a las aulas de los estudiantes de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato sea obligatoria y no voluntaria, tal y como está establecido actualmente, algo que los profesores podrían aprovechar que estos alumnos acuden a clase para poder examinarles de manera presencial.
Asimismo, Ayuso advertía que, tal y como está planteada la desescalada: ‘más de 45.000 estudiantes de la región se van a quedar sin examinar porque no se ha decretado qué hacer con ellos’. La presidenta se refería así a los alumnos que necesitan examinarse en términos similares a los de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) y que no están contemplados en la Fase 2. Son los mayores de edad que se examinan por libre de la ESO o el Bachillerato, los estudiantes que quieren ingresar en la FP de grado medio o superior y los que quieren acceder a las enseñanzas artísticas o deportivas.
Concrección en el fondo de 16.000 millones
Por otro lado, Díaz Ayuso también reclamaba más concreción sobre el fondo extraordinario de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como viene solicitando en reuniones anteriores, dicho fondo tiene que ser no reembolsable y adicional: ‘Para que sea práctico tiene que ser un fondo que no que nos hubiera llegado igualmente sin esta situación del virus y, además, tiene que ser ser incondicional porque cada CCAA tiene su régimen, sus impuestos y un presupuesto determinado’.
En opinión de la presidenta madrileña, la condición que hay que poner para que este fondo funcione es que se debería dedicar a pagar gastos directos e indirectos del COVID-19 y que cada comunidad vaya gestionando sus impuestos. En este sentido, Ayuso pedía que tampoco computen los límites de déficit y de deuda autonómica ‘que es lo que el Gobierno de España le pide a Europa a la hora de acceder a sus fondos’.
Asimismo, de cara al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha indicado que hay que aclarar si el dinero que se va a dar a las comunidades es nuevo o es lo que le corresponde por el IVA de 2017. También es necesario saber si para obtenerlo hay que hacerlo a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o se puede ir a los mercados, que es la opción que quiere la Comunidad de Madrid, porque creen que es como mejor han funcionado como autonomía.
De los fondos recibidos, Díaz Ayuso ha explicado que, en términos generales, han perdido 32,5 millones de euros. En concreto, ha detallado que han obtenido 52,8 millones de euros para Sanidad, otros 38,8 millones para Servicios Sociales y 15,9 millones para Vivienda, pero ‘nos han detraído 140 millones de euros en Políticas Activas de Empleo por lo que hemos perdido dinero’, lamentaba la presidenta.
Medidas de autoprotección
Desde la Comunidad también indican que han apostado por protocolos ‘más estrictos’ para evitar concentraciones, campañas de concienciación sobre protección individual y medidas específicas para los mayores o pacientes oncológicos o inmunodeprimidos. También reclama ser más estrictos a la hora del uso de mascarillas en los espacios públicos para evitar los contagios.
La presidenta madrileña, que ha vuelto a pedir a Sánchez una mesa bilateral para tratar todos estos asuntos, ha pedido trasladar las videoconferencias de presidentes a los sábados para que las autonomías puedan aportar con sus sugerencias y opiniones: ‘En muchas ocasiones todos los avances que se van produciendo por parte del Gobierno los conocemos por los medios y normalmente se nos dan hechos’, apuntaba.
Además, Díaz Ayuso ha explicado que su Gobierno está calculando que si se toman ‘medidas arbitrarias’ a la hora de poner en funcionamiento la hostelería, bares, restaurantes, puede haber a final de año más de un millón de parados en la región: ‘Más de un millón de parados en la Comunidad de Madrid supondría disturbios, directamente un problema de orden público, y por supuesto social, que va mucho más allá de lo económico’.
