El Gobierno regional alega que la orden ministerial «no tiene validez legal» al «no haber sido adoptada por consenso» en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud mantenida ayer entre comunidades autónomas y Gobierno central. En la misma, la mayoría de comunidades votaron por aceptar las medidas planteadas por el ministerio de Sanidad. Podemos Comunidad de Madrid advierte que el Gobierno regional debe «acatar la orden».
El Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso hizo pública anoche su amenaza de «poner trabas» a la ejecución de la orden ministerial publicada esta misma mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el ministerio de Sanidad. En una comparecencia pública al filo de la noche, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, dio la versión del Ejecutivo madrileño, en el sentido de que la orden «no tiene validez legal».
Las medidas: obligaciones y recomendaciones
La orden hecha pública hoy por el ministerio de Sanidad indica una serie de medidas de obigado cumplimiento y varias recomendaciones. Éstas serán de aplicación en las ciudades de cada comunidad autónoma que tengán más de 100.000 habitantes y en las que, además, concurran los siguientes tres criterios: que el municipio en cuestión «presente una incidencia de 500 casos o más por 100.000 habitantes en 14 días (medida hasta 5 días antes de la fecha de valoración)»; que «presente un porcentaje de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por COVID-19 realizadas en las dos semanas previas superior al 10%» (que más del 10% de los test den resultado positivo); y que «la comunidad autónoma a la que pertenezca el municipio presente una
ocupación de camas por pacientes COVID-19 en unidades de cuidados intensivos
superior al 35% de la dotación habitual».
En estos municipios serán de obligado cumplimiento restricciones en el contacto interpersonal (con reuniones de un máximo de 6 personas), en la movilidad para los habitantes de los mismos (que no podrán salir de los mismos salvo por determinadas razones expuestas en la orden, aunque sí podrán circular por su interior con las debidas precauciones). Así mismo, se reducen los aforos en lugares de culto, velatorios, locales comerciales y de hostelería, de juego y apuestas, academias y otros centros de enseñanza no reglada, gimnasios y centros deportivos. En los locales de hostelería no se podrá consumir en la barra, en las terrazas habrá un máximo de 6 personas por mesa; se reduce al 50% el aforo; y la hora de cierre serán las 23:00, aunque no se podrá permitir la entrada desde las 22:00 h.
Además, la orden dicta que las comunidades autónomas afectadas por la misma «reforzarán sus capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad, así como en el ámbito de la atención sanitaria, de acuerdo a lo establecido en el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19».
Entre las recomendaciones que las administraciones regionales deberán hacer están las de evitar todo movimiento o desplazamiento innecesario; y la elaboración de «planes especiales de actuación para controlar la expansión de los contagios»
De «obligado cumplimiento»
La orden ministerial da un plazo de 48 horas a las administraciones regionales para poner en práctica las medidas contenidas en la misma, y especifica que el acuerdo del Consejo Interterritorial en que se basa fue adoptado por mayoría, aunque con los votos en contra de Catalunya, Galicia, Andalucía, Comunidad de Madrid y la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como con la abstención de la Región de Murcia.
En el texto de la orden se aclara que el Acuerdo «será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con independencia del sentido de su voto». En la reunión, Catalunya, la única de las comunidades no gobernada por el PP que votaron en contra, exigió medidas más contundentes. Castilla y León, gobernada por el PP pero con la consejería de Sanidad en manos de Ciudadanos, sí votó a favor.
Consenso o unanimidad
Enrique Ruiz Escudero explicó en su comparecencia de anoche que el acuerdo «no se ha tomado por consenso real», al contar con los votos en contra de cuatro comunidades y una ciudad autónoma. Para el Consejero, el consenso equivale a la unanimidad y, por tanto, al no haberla, considera que la orden ministerial «no tiene validez legal». Avanzó que, en caso de que se publique en el BOE (cosa que el Ministerio ya ha hecho), «se valoraría desde la Abogacía de la Comunidad de Madrid cuáles son los siguientes pasos a dar».
Sin embargo, el decreto de nueva normalidad que entró en vigor en junio, y que modifica la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece que la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, «con audiencia de las comunidades directamente afectadas», salvo en situaciones de «urgente necesidad», en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y «se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas».
Podemos: el Gobierno regional debe «acatar» la orden
Las primeras reacciones a la postura «rebelde» del Ejecutivo regional no se han hecho esperar. Minutos después de la comparecencia del consejero de Sanidad madrileño, Podemos Comunidad de Madrid hizo público un comunicado, firmado por su coordinador, Jesús Santos, en el que advierte que «Ayuso y Aguado deben acatar la orden sin resistencias ni fuegos de artificio» y explica que «Están en juego las vidas y la salud de más de seis millones y medio de madrileñas y madrileños».
Para la organización regional de Podemos, «Por fanatismo ideológico, el PP se ha enfrentado a los criterios de salud, respaldando los confinamientos clasistas y retrasando una solución para esta segunda ola de contagios en la Comunidad de Madrid».
El partido morado exige además que «el acatamiento de esta orden debe venir acompañado de un cumplimiento inmediato de sus obligaciones», que concreta en «una inversión de urgencia en servicios públicos para garantizar el funcionamiento de la Atención Primaria al 100%, multiplicar el número de rastreadores por diez, garantizar condiciones seguras en las aulas de los centros educativos, doblar la flota de transporte público y medicalizar inmediatamente todas las residencias de la región».
