Alrededor de 750.000 habitantes que suman la población de los 31 municipios, entre ellos Rivas, y que forman parte de la Mancomunidad del Este para la recogida y vertido de residuos sólidos urbanos (RSU, lo que conocemos como «la basura» doméstica), pueden tener esa basura en sus calles a partir de mismo día de final de año 2019, si el Ayuntamiento de la capital no les concede permiso para verter en Valdemingómez. La Mancomunidad se muestra dispuesta a acudir a la Justicia para delimitar responsabilidades.
Esto es lo que advirtió ayer Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, tras la reunión de urgencia mantenida por los representantes de los 31 municipios que componen esa Mancomunidad. La emergencia sanitaria es obvia y, según rodríguez Palacios, la propia consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid «nos ha dicho que Veldemingómez es la solución contrastada, más viable e idónea» para el vertido de los RSU.
La opción del vertedero madrileño vuelve a contemplarrse como la única realmente viable tras el descarte de otras. La Mancomunidad del Este intentó el vertido en Toledo, con un coste desmedido para el transporte de los residuos hasta una comunidad autónoma distinta de la madrileña. Lo intentó en el aún inacabado vertedero de Loeches, pero la propia Comunidad aclaró que no está preparado para el vertido directo y que se tardaría en torno a dos años en habilitarlo. La falta de capacidad ha hecho inviables también otras soluciones, como la del vertedero Rendija y otros privados.
Los representantes de los 31 municipios, entre los que se encontraba ayer Pedro del Cura, alcalde de Rivas, decidieron autoconvocarse para una nueva reunión el mismo día 30, a la espera de las noticias provenientes de Madrid.
Del Cura: «La Comunidad de Madrid es responsable de esta situación»
Del Cura ha realizado recientemente declaraciones en las que señala a la Comunidad de Madrid como responsable de esta situación de «emergencia sanitaria». Entre las competencias autonómicas está la creación de los espacios necesarios para realizar el vertido de RSU. Sin embargo, con el aviso de la colmatación del vertedero de Alcalá de Henares ya en abril de 2018, no ha habido por parte de la administración regional ninguna gestión que garantice la normal transición de los vertidos desde Acalá a otros lugares.
Valdemingómez sigue siendo la única opción «contrastada, más viable e idónea» para los vertidos de la Mancomunidad del Este, según la propia consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el Ayuntamiento de la capital, del cual depende la autorización para verter en Valdemingómez, lanzó una polémica recientemente al sugerir que Valdemingómez no admitiría más vertidos de estos municipios.
A esta situación, igual para toda la Mancomunidad del Este, se sumaría, en el caso de Rivas, un problema relacionado, pero diferente, que es el del contencioso con Madrid por dilucidar si Rivas debe seguir pagando (como lo está haciendo en estos momentos) por verter en Valdemingíomez, o si debería dejar de hacerlo (como ocurrió hasta hace unos años) hasta que se saldasen las «cuentas pendientes» con la capital por los vertidos ilegales que Madrid realizó en Rivas durante años y que dieron lugar a los más de 20 millones de inversión que el ayuntamiento de esta última ciudad tuvo que hacer, a principios de la década de los 2000, para descontaminar el espacio en que se realizaron aquellos vertidos ilegales. Se trata de toda la zona que después de descontaminada (con ayuda de subvenciones europeas), dieron lugar a espacios como el auditorio Miguel Ríos, el recinto multifuncional al pie del mismo y las zonas de aparcamiento aledañas. Las colinas que se ubican tras el auditorio también forman parte de ese espacio.
La Mancomunidad del Este ya explicó ayer, en la comparecencia de su Presidente, que los municipios miembros habían «hecho los deberes» y habían habilitado soluciones temporales que prolongasen la utilidad del vetedero de Alcalá como solución. Pero se trataba de soluciones temporales, no permanentes, y se llevaron a cabo tras la advertencia al gobierno regional del fin próximo de la vida útil del vertedero alcalaíno.
El problema es la falta de respuesta de la Comunidad de Madrid ante la inminencia de este final. Es por ello que la Mancomunidad del Este se mostró ayer dispuesta a llevar el asunto ante la Justicia para obligar al gobierno regional a asumir sus responsabilidades y dar salida a un problema que, de lo contrario, amenazaraía a cortísimo plazo con la habitabilidad de municipios que albergan actualmente tres cuartos de millón de habitantes.
