La FAPA Giner de los Rios considera que la orden del Gobierno regional aplicando una reducción del precio de las becas de comedor para hijos de miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se ha realizado sin la preceptiva consulta al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
El pasado 14 de septiembre, la Comunidad de Madrid publicó en el Boletín Oficial (BOCM) una nueva orden sobre la modificación de la reducción del precio del comedor escolar para los miembros de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. La FAPA Francisco Giner de los Ríos denuncia que la Consejería de Educación, al modificar la Orden por la que se establece el precio del menú escolar, «se olvida de las familias perceptoras del ingreso mínimo vital, además de saltarse en su tramitación la participación preceptiva del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid».
En un comunicado, la FAPA explica que «En esta difícil época de pandemia que estamos viviendo son numerosas las disposiciones normativas que se están elaborando y publicando. La gran mayoría son de tal importancia que deberían ser consultadas con los representantes de la Comunidad Educativa y su dictamen se está obviando, pese a que la normativa de tramitación así lo establece». La entidad añade que «Somos conscientes de la urgencia, pero la urgencia no debe, ni puede, estar reñida ni con la participación ni con la democracia».
Según la FAPA Giner de los Ríos, «no es la primera vez que la Consejería de Educación se olvida de la consulta al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, ya lo había hecho anteriormente, por ejemplo, con la tramitación del cheque–bachillerato». Con esta omisión de consulta, la Consejería «evita el debate de las propuestas, y deja sin voz a todos los sectores de la Comunidad Educativa». La FAPA recuerda que ya recurrió ante la justicia este últmo hecho
Criterios económicos
La FAPA Giner de los Ríos explica que «El comedor escolar es un servicio complementario de carácter educativo, recogido en el artículo 65 de la Ley Orgánica 1/1990, como un servicio que presta la Administración educativa y que contribuye a una mejora de la calidad de la enseñanza. Nuestra Federación siempre ha defendido la gratuidad de este servicio y, en tanto en cuanto esto no sea posible, reconocemos la gran importancia de las becas y reducciones en el precio del comedor escolar, que se hacen más necesarias en estos tiempos de incertidumbre, donde las realidades laborales y económicas de las familias cambian cada día, con el fin de garantizar esta prestación como instrumento de protección social y garantía de igualdad en el ejercicio del derecho a la alimentación».
«Para ello», continúa el comunicado de la entidad, «creemos necesario que la concesión de esas becas y reducciones de precio se realicen según criterios económicos basados en los ingresos actuales y el cálculo de la Renta Per Cápita, sin entrar en otras consideraciones susceptibles de provocar discriminaciones, como pueda ser el oficio de alguno de los progenitores. Del mismo modo, solicitamos que se dote a las mismas del presupuesto necesario para cubrir todas las necesidades».
Sin becas para perceptores del Ingreso Mínimo Vital
En su comunicado, la FAPA expresa que «Reconocemos, valoramos y agradecemos, como no puede ser de otro modo, el papel que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han tenido y tienen en esta difícil situación de pandemia junto con otros grandes colectivos, pero entendemos que los reconocimientos a esa importante labor, así como la tarea fidelizadora citada en la orden, deben desarrollarse, en todo caso, de otra forma y en otro ámbito».
Además, destaca que «Resulta cuanto menos curioso que la Administración de la Comunidad de Madrid se olvide, una vez más, de los más vulnerables, consideramos que es imprescindible incluir a las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), un olvido imperdonable ante la situación por la que tristemente estas familias están atravesando, un derecho que les debería corresponder y que no está siendo reconocido».
«El Derecho a la Alimentación de los niños y niñas en situación vulnerable vuelve a estar en peligro, la Comunidad de Madrid no debe mirar para otro lado, debe hacerse cargo porque es su responsabilidad, cientos de menores dependen de la gestión de la Administración para poder alimentarse, es el momento de legislar y gobernar con responsabilidad», concluye la entidad.
