Asegura no tener dudas de que «todas las administraciones cumplirán sus compromisos» relacionados con el Pacto de la Cañada y con el acuerdo últimamente alcanzado entre Comunidad, Delegación de Gobierno y Ayuntamiento.
El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha declarado esta mañana que considera que «diez años» sería un plazo razonable para que la Cañada Real Galiana quede desmantelada. Las declaraciones, realizadas en rueda de prensa, se han extendido también a una valoración «muy positiva» de las reacciones que está observando en las diferentes administraciones, tras el acuerdo que hace unos días se alcanzó entre Comunidad de Madrid, Delegacion de Gobierno y Ayuntamiento de Rivas, de cara a establecer una hoja de ruta para el cumplimiento del Pacto Regional de la Cañada Real.
Del Cura atribuye en gran medida a la reunión en que se llegó a ese acuerdo hechos como la casi inmediata aprobación por el Gobierno central del decreto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que el martes pasado destinó dos millones de euros a Rivas, de entrega directa, con el fin preciso de destinarlos a realojar a familias de la Cañada.
Preguntado por el monto total que se podrá destinar por parte municipal a este fin, el Alcalde ha valorado que a los dos millones de euros se podrá añadir una cantidad «entre 600.000 y 1.200.000 euros» provenientes de la Comunidad para el mismo objetivo. Con ese «añadido» el regidor entiende que se podría disponer en total de una cantidad «cercana a los 4 millones de euros» (gracias a una aportación propia del Ayuntamiento) para adquisición de viviendas de realojo.
Algo en lo que tanto Del Cura como la Vicealcaldesa, Mónica Carazo, presente en la rueda de prensa, han insistido es en que «los realojos deben realizarse con criterio de distribución geográfica por toda la Comunidad». «Desde el principio hemos dejado claro que no se trata de que se lleven a cabo con criterio de proximidad», ha añadido Carazo.
El comienzo del fin de la Cañada
Del Cura y Carazo han reivindicado la posición que el Ayuntamiento ripense ha mantenido en relación con la Cañada en las últimas décadas. Una posición que sostiene que, una vez realizado el censo que se llevó a cabo en 2011, las personas y familias incorporadas al mismo son las que tienen derecho a realojo. Sólo esas familias y personas.
Tal es la separación que se hace a este respecto que el Alcalde ha barajado la posibilidad de solicitar que se incorpore a la normativa de los realojos un apartado según el cual no tendrá derecho a una vivienda quien, a pesar de estar dentro del censo, haya especulado con el terreno o la edificación que mantiene. Del Cura ha puesto un ejemplo: «se están dando casos de familias que dividen la casa que tienen ahora, dan cabida en ella a otras personas y las hacen pasar como parte de la familia». La maniobra tendría sentido de cara a intentar que, en el momento de asignar las viviendas de realojo, las personas incorporadas artificialmente se beneficiasen también de ello. Queda por comprobar si esa operación se hace a cambio de dinero.
Según el regidor ripense, aplicando con claridad y firmeza ese criterio, «el fin de la Cañada está cerca». De hecho, considera que si los compromisos se cumplen por parte de todas las administraciones y si se establece de manera oficial una hoja de ruta para su cumplimiento, «un plazo razonable para desmantelar la Cañada puede ser de diez años».
