La Asociación Amigos de la Cooperativa (más conocida como Amigos de Covibar) ha convocado una asamblea el próximo 23 de mayo en la Casa de Asociaciones, en la que se informará de la situación de 40 socios expulsados por la Junta Rectora de Covibar hace un año. A pesar de que los socios amenazados de expulsión habían visto cómo una asamblea general de la cooperativa rechazaba esa medida propuesta por la Junta Rectora, una rocambolesca actuación legal de ésta ha conseguido mantener la decisión y ha procedido a la expulsión.
La asamblea general de Covibar en la que se trató la propuesta de expulsión hecha por la Junta Rectora, celebrada en junio de 2012, terminó con una única propuesta no aprobada de todas las presentadas por la Junta Rectora: precisamente la de la expulsión de los socios. El órgano rector de la cooperativa, no obstante, adoptó una medidas judiciales consistentes en denunciarse a sí mismo promoviendo la anulación de las decisiones tomadas en la asamblea y asumiendo al mismo tiempo el papel de demandante y de demandado. Como resultado de ello quedaron invalidados los acuerdos tomados en la asamblea de la cooperativa y, entre ellos, el de no expulsar a los socios. Amparándose en esta triquiñuela legal, la Rectora procedió, a continuación, a hacer firme la expulsión.
La Asociación Amigos de la Cooperativa (cuyo nombre original, ‘Asociación de Amigos de Covibar’, fue obligada a cambiar a causa de una demanda de la Junta Rectora de la cooperativa Covibar) entiende que estas expulsiones de socios tienen unas «graves consecuencias» para los expulsados, razón por la que ha preparado un escrito dirigido a la juez que dictó la sentencia en la demanda aludida. En el escrito la asociación explica la génesis y desarrollo del problema y pone de manifiesto su opinión de que la propia magistrada ha sido «víctima de un engaño y una falsedad procesal».
Tras exponer las razones que abonan tal opinión, los remitentes del escrito concluyen que «estos hechos dejan entrever claramente que ha existido una mala práctica judicial y una clara intención de engañar a Su Señoría y de lograr un objetivo: la expulsión de un número importante de socios y socias y sus familias, despreciando el acuerdo de la Asamblea General de Socios, adoptado conforme a los estatutos y a lo que al respecto establece la legislación vigente sobre Cooperativas».
El escrito finaliza solicitando que «se estudie por ese Juzgado la anulación de la sentencia emitida en el proceso señalado y se ejerzan las medidas legales oportunas contra los miembros de la Junta Rectora y su dirección letrada por la mala fe y uso fraudulento de la Justicia que en nuestra opinión se ha ejercido en este caso».
