En 2018 el ayuntamiento de Rivas optó por comenzar a comprar directamente a Red Eléctrica la electricidad que consume en los edificios de titularidad municipal. El resultado: 600.000 euros ahorrados desde entonces. Ahora, el reto se amplía a empresas y particulares. También se han implementado otras medidas de ahorro en electricidad y el programa 50/50 de concienciación en colegios públicos.
La partida de gastos por bienes corrientes y servicios del presupuesto municipal de 2020 asciende a 24.919.483 euros. Esta cantidad podría ser significativamente mayor, pero en 2018 el Ayuntamiento tomó la decisión de comprar directamente la electricidad a Red Eléctrica, la entidad estatal que distribuye la energía a todas las operadoras del mercado. Esa decisión ha reportado, desde entonces, unos 600.000 euros de ahorro, alrededor de un 1,2% de la partida destinada a ese tipo de gasto.
No es extraña esa decisión adoptada en 2018 por el Ayuntamiento. Ese año, la tarifa eléctrica registró en nuestro país un aumento medio que muchos califican de brutal: pasó de un precio medio de 21,8 euros por cada 100 kWh, a otro de 24,8 euros, un aumento del 13,8%. Esos precios situaban a España, según el informe de Eurostat del segundo semestre de 2019, en la quinta posición en cuanto a precios más altos de la electricidad para consumo doméstico. Sólo países como Alemania, Dinamarca, Bélgica e Irlanda superaban esa cifra. Con la particularidad de que los cuatro mantienen un PIB per cápita considerablemente superior al de España: Alemania (41.350 euros en 2019), Dinamarca (53.430 €), Bélgica (41.200 €) e Irlanda (70.470 €). El de España, el pasado año, fue de sólo 26.430 euros.
Rivas: una apuesta por el ahorro y la eficiencia
Por su parte, el ayuntamiento de Rivas lleva años ofreciendo una bonificación del 50% en el IBI durante cinco años a aquellas personas que realicen instalaciones solares en sus viviendas. Las instalaciones deben cumplir determinados requisitos, comprobados por técnicos municipales, pero el ahorro conseguido es significativo.
En la gestión de sus propios consumos eléctricos, la Corporación ha ido implementando distintas tecnologías que han permitido la instalación en vías públicas de 2.000 puntos de luz inteligentes. Estos puntos de luz (las farolas de distinto tipo) están dotados de un control remoto y un sistema de autogestión que aportan un ahorro de un 50% en el consumo.
En el interior de los edificios municipales, la tecnología de control por detección de presencia habilitada en varios de ellos contribuye a reducir en otro 50% el consumo de energía eléctrica de los mismos.
Y también en edificios educativos (colegios públicos) se puso en marcha el programa municipal ‘Rivas 50/50’, que otorga a los centros de enseñanza públicos una serie de «premios» derivados del ahorro en energía que han conseguido durante el curso. Un plan de concienciación energética para alumnado, docentes e incluso familias. El ahorro se produce en energía eléctrica, pero también en gas y en consumo de agua. El resultado de este programa es que durante el pasado curso 2019-20 los nueve colegios consiguieron ahorrar en sus facturas de suministros un total de 50.000 euros, mejorando su eficiencia energética, promoviendo el ahorro en electricidad, gas natural y agua. Se están implementando cambios en los hábitos energéticos cotidianos de cada centro educativo y como premio reciben desde el Ayuntamiento una cuantía económica igual al dinero ahorrado.
Y ahora, empresas y vecinos
Faltaba el paso quizás más importante: extender a la población la posibilidad de beneficiarse de la compra directa de energía eléctrica que el Ayuntamiento gestiona. El Ayuntamiento ha anunciado ya que se encuentra en estudio la forma de ofrecer a empresas y particulares la posibilidad de ‘engancharse’ a la energía eléctrica que la Corporación compra directamente. Así lo declaró el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, hace unos días.
Un posible vehículo para conseguirlo es la creación de una Comunidad Ciudadana de Energía, una figura contemplada en la Directiva 2019/944 de la Unión Europea en la que se la define como «una entidad jurídica que se basa en la participación voluntaria y abierta, y cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas».
Un cálculo aproximado del ahorro que una Comunidad Ciudadana de Energía puede obtener lo sitúa entre el 30% y el 50%, dependiendo de qué recursos se utilizan en la generación y distribución. Pero no es el único beneficio: los expertos añaden la reducción de la huella de carbono (al conseguir una menor dependencia de energías no renovables, como el gas, el carbón o el petróleo); y una democratización del sistema energético (al dejar de depender de las grandes compañías eléctricas).
El desarrollo de una normativa que permita, en la práctica, la creación de una de estas comunidades está aún por realizarse en España, si bien el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) lo anuncia desde 2019. Precisamente de este desarrollo de la normativa es de lo que dependerán los pasos a dar por el Ayuntamiento para fraguar este tipo de comunidad.
