Pide que se aplique la declaración institucional realizada recientemente por el Pleno, en la que se pedía la reclasificación inmediata y el pago retroactivo de las diferencias salariales. El Gobierno explica que hace un año ya ofreció negociar globalmente todos los casos, y que no ha sido el Ayuntamiento el que ha decidido judicializar esta cuestión, sino los propios agentes y uno de sus sindicatos quienes han decidido poner demandas individuales.
El portavoz de Ciudadanos Rivas, Bernardo González, ha criticado hoy que «se judicialicen y recurran todos los conflictos laborales con los trabajadores del Ayuntamiento, sin valorar las consecuencias económicas». González se ha referido a los recursos que un cierto número de agentes locales están poniendo para reclamar esa retroactividad.
El edil ha recordado que «esta estrategia incomprensible está suponiendo un coste para las arcas municipales», concluyendo que «el dinero se podría destinar entre otras cosas a servicios, a limpieza de las calles, a ayudas para comerciantes y vecinos afectados por la epidemia». También se ha vuelto a referir al caso del policía sancionado hace unas semanas para valorar que «La Policía Local de Rivas no está siendo bien tratada por este equipo de Gobierno».
El Ayuntamiento, «obligado a defender» los intereses municipales
Por su parte, el Gobierno local aduce que no ha sido él quien ha decidido judicializar este problema. El concejal de Hacienda y Recursos Humanos, José Manuel Castro, ya contestó una pregunta de Ciudadanos sobre esta cuestión en el pasado Pleno municipal, explicando que el Ayuntamiento había recibido a esa fecha (el pasado jueves 28 de enero) un total de 14 sentencias relacionadas con este asunto. De ellas, según dijo, ocho condenan al Ayuntamiento al pago de los atrasos reclamados, mientras que otras seis lo deniegan.
Los diferentes sentidos de las sentencias derivan de que la estragia seguida por los policías ha sido la de presentar demandas individuales, a consecuencia de lo cual unos jueces han interpretado la legislación y normativa de una forma y otros, de otra.
Por otro lado, segun datos del Ayuntamiento, de las ocho sentencias condenatorias para el mismo, ninguna de ellas es firme, mientras que de las seis que le niegan la razón a los policías demandantes, son firmes cuatro y sólo en dos de ellas se admimte recurso por parte de los agentes.
«El Gobierno local está obligado a recurrir lo que es recurrible» para defender los intereses de la Hacienda pública, según explicó el edil de Gobierno. Sin embargo recordó que no había sido el Ejecutivo local el que había decidido judicializar este asunto. «En febrero de 2020 ofrecimos negociar esta cuestión de forma global para la totalidad de la plantilla de Policía afectada, pero la respuesta fue el comienzo de la interposición de demandas individuales».
