El Pleno municipal de julio, celebrado ayer, jueves, tenía un orden del día que no hacía presagiar grandes desencuentros entre los partidos representados. La única excepción previsible era la relacionada con la moción de PSOE e IU sobre la Ley del Suelo que el Gobierno regional quiere modificar. Sin embargo, la polémica alcanzó a otros dos temas más, y en varios casos con sorprendentes salidas a escena de un argumento muy escuchado en otros foros: la naturaleza comunista de algunas de las entidades y hasta países o pueblos, a los que se proponía beneficiar con distintas ayudas.
Dejando a un lado las declaraciones institucionales, que, lógicamente, no admiten dicha polémica, lo cierto es que tanto los puntos en los que se modificaba el crédito para permitir dedicar fondos a las medidas anti-COVID19, como el relacionado con la moción presentada por PSOE e IU-Equo-Más Madrid, sí que alimentaron una discusión intensa. El punto en el que se aprobaban subvenciones para Cooperación Internacional acabó viéndose también salpicado por la polémica.
Ayudas a autónomos frente a solidaridad
En cuanto a las ayudas contra las consecuencias del COVID-19, la principal discusión giró en torno a la cuantía de las ayudas, pero también tuvo un papel relevante la comparación de las mismas con las destinadas a la cooperación internacional. Así, tanto Vox como PP criticaron, aunque en distinto tono, la cuantía de 120.000 euros, que consideraron insuficiente, en especial la parte destinada a iniciativas de ayuda a los autónomos y pequeñas empresas.
Esa parte, de 70.000 euros, fue la más criticada por escasa. La concejala de Vox, María Ángeles Guardiola, fue la que quizás más radicalmente empleó la comparación entre lo dedicado al colectivo de autónomos y pequeñas empresas con lo destinado a cooperación, aunque también el concejal popular Francisco Gallardo siguió una senda similar, en tono mucho más medido.
Por parte del Gobierno, tanto el concejal de Hacienda, José Manuel Castro, como la portavoz del PSOE en este punto, Elena Muñoz, explicaron que no se trata del monto definitivo de las ayudas, sino «de un comienzo» en las mismas. Castro utilizó un símil bastante pediátrico al comparar el recorrido de estas ayudas con las fases de movilidad en un niño pequeño: primero hay que dar los primeros pasos con ayuda, para después ser capaz de darlos solos y finalmente, de caminar.
Cooperación internacional y comunismo
Las subvenciones a proyectos de cooperación internacional, como queda dicho, quedaron entrelazadas con el punto anterior gracias a la comparación que tanto PP como Vox hicieron entre ambas cosas. Sin embargo, también hubo un debate específico sobre el asunto, que se centró más en los países o pueblos destinatarios de los proyectos que se subvencionan.
En este asunto, ambos partidos fueron incisivos, aunque con distinta intensidad, respecto a lo que consideraan una reiteración «histórica» de la atención prestada por Rivas a los problemas de pueblos como el palestino, frente a otros en otros lugares del mundo. También respecto a la naturaleza de las entidades que gestionan los proyectos de subvención, a las que la concejala de Vox, poco menos que tachó de agentes del comunismo. Fue mucho más clara aún al valorar que con las subvenciones lo que se hace es alimentar chiringuitos de gente agradecida para que después voten a los componentes del Gobierno local. El PP se desmarcó claramente de esta valoración.
La respuesta más contundente vino quizás de la mano de Alberto Cabezas, el portavoz del PSOE en el debate, quien reprochó a ambos partidos, pero más rotundamente a Vox, su postura, al tiempo que aseguraba que la cooperación se hace con quien la necesita, independientemente del color político que tenga. Tanto Cabezas como la portavoz de IU, Aida Castillejo, expresaron su satisfacción por el «carácter solidario» de la ciudad de Rivas y mostraron su confianza en que esa naturaleza siguiera haciéndose patente en el futuro.
Ley del Suelo
Por último, la moción sobre la Ley del Suelo que el Gobierno regional quiere modificar se planteó en términos bastante esperables: una defensa a ultranza del PP y de Vox y una larga explicación acerca de lo que se pretende con esta modificación planteada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En este sentido, los argumentos de la portavoz del PP, Janette Novo, se centraron en el mencionado carácter de mera «modificación puntual» que persigue únicamente «facilitar trámites administrativos». Novo recordó que «el Gobierno de la Comunidad sigue trabajando en la redacción de una nueva Ley del Suelo, ya que esta modificación no es una nueva Ley». Asimismo, mostró su extrañeza porque se tildara la intención del gobierno de Díaz Ayuso de potenciar la «política del ladrillazo» cuando en Rivas «algo habrá tenido que ver la izquierda con esa política». La dirigente del PP local puso como ejemplo de política urbanística mal hecha «la zona en torno a la calle José Isbert, donde no se cumplen normativas» relativas, por ejemplo, a la obligación de construir zonas de parque, arazón de «20 metros cuadrados por cada 100 metros construidos». Por último, Novo negó el carácter antidemocrático de la forma de presentar este proyecto, ya que «ha contado con un periodo de información pública durante el cual se han podido hacer alegaciones».
Desde el bando de la izquierda, Mónica Carazo, portavoz del PSOE, explicó que: «la Ley del Suelo de la Comunidad Madrid vuelve a salir del cajón, y lo hace, no para quedar a un lado y redactar la tan necesaria nueva Ley del Suelo sino para, una vez más, parchearla, modificar algunos artículos y hacerlo de la forma menos democrática posible». Y añadió: «una vez más, con este proceder, se demuestra que los sucesivos gobiernos del Partido Popular, también el gobierno de la Sra. Díaz Ayuso, no se han tomado ni se toman en serio la que es, sin duda, una Ley fundamental para nuestra región».
Carazo, pero también José Luis Alfaro, de IU, explicaron que la modificación que el Gobierno de Díaz Ayuso pretende imponer dejará sin garantías procedimientos que consideran de gran importancia para la salvaguardia de los derechos de los compradores de viviendas. Se referían a la modificación del gobierno de PP y Ciudadanos en la Comunidad, mediante la cual se quiere eliminar la concesión preceptiva de licencias municipales previas a ocupación de las viviendas, sustituyéndolas por meras declaraciones de responsabilidad por parte de promotores y constructores.
Especialmente contundente fue Vanessa Millán, de Podemos, quien valoró que «La Ley de Suelo del PP en la Comunidad de Madrid es una apuesta por un modelo de especulación, el modelo fallido del ladrillazo, tramitada además sin garantías de debate».
