Ocho entidades de distintos ámbitos -vecinales, sindicatos, partidos y asociaciones en defensa de la Sanidad Pública- han convocado concentraciones para este jueves, 24, y una cadena humana el domingo 27 de septiembre, contra las «medidas segregadoras» del Gobierno regional. Las convocatorias cuentan ya con el apoyo local del PCE.
Crece la respuesta a las medidas de restricción de movilidad adoptadas desde ayer, lunes, por el Gobierno regional para 37 distritos y municipios madrileños. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), los sindicatos regionales de CC.OO. y UGT, así como las organizaciones autonómicas de PSOE, Podemos, IU y Más Madrid, han firmado y hecho pública una declaración conjunta en la que califican el comportamiento del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso de «errático, temerario, insensible e incapaz de adoptar las decisiones adecuadas para afrontar la situación sanitaria provocada por la COVID-19».
En la declaración, las organizaciones firmantes aseguran que la conducta del Ejecutivo madrileño ha «despreciado las ofertas de diálogo de los partidos de la oposición», está «dificultando el control del gobierno por la oposición en la Asamblea de Madrid y prolongando la paralización administrativa». Y todo ello mientras aprueba «medidas que responden a intereses económicos de grandes corporaciones y que no responden a la emergencia social que padecemos».
Apoyo local en Rivas
En Rivas, la organización local del Partido Comuista de España ha dado a conocer hoy un comunicado en el que apoya estas movilizaciones y argumenta que «el dogma en contra de los servicios públicos» del Gobierno regional llega «hasta el límite de no reforzar ni la sanidad, ni la educación ni los servicios sociales, porque su fanatismo ideológico le impide apostar por un sector público más fuerte». Y ello «a pesar de haber recibido más de 1700 millones por parte del Estado» para ello.
El PCE de Rivas realizó recientemente una asamblea de militantes en la que aprobó una serie de «ejes de actuación» centrados en la necesidad de hacer frente a las políticas «neoliberales» en los ámbitos de la educación, la sanidad, el transporte, el trabajo y el feminismo.
