El documento busca dar mayor solidez al proceso de presupuesto participativo, elevándolo a la categoría de reglamento. Entre otras cosas, fija en un mínimo de 600.000 euros la asignación presupuestaria a realizar, aunque será ampliable en función del aumento del presupuesto municipal global en varios capítulos, como el de inversiones.
El primer reglamento del Presupuesto Participativo de Rivas Vaciamadrid ha sido aprobado esta mañana con los votos a favor de 19 de los 23 concejales presentes (dos de ellos faltaban de manera justificada por asuntos médicos). Se abstuvieron los dos concejales del Partido Popular y el no adscrito Bernardo González.
La propuesta, proveniente del concejal de Participación, Alberto Cabeza (PSOE), había incorporado tres de las enmiendas planteadas por el PP y había planteado una enmienda transaccional a otra de las enmiendas del partido liderado por Janette Novo, que fue aprobada por la mayoría del Pleno. Otras cinco enmiendas del PP fueron rechazadas.
600.000 euros como mínimo
El reglamento garantiza, entre otras cosas, un mínimo de 600.000 euros de asignación presupuestaria, aunque deja abierta la ampliación de la misma en función de la que figure en varios capítulos del presupuesto municipal, año tras año. Así, puede llegar a ser de hasta un 7% del capítulo de inversiones, si ese porcentaje supera los 600.000 euros de mínimos. Una limitación que el concejal proponente, Alberto Cabeza, justificó por «prudencia presupuestaria».
También contempla una serie de criterios de limitación, relacionadas con las características técnicas de las propuestas llevadas al proceso participativo. De forma destacada, seguirá vigente la limitación derivada de que una propuesta implique la ampliación de la plantilla municipal para llevarla a cabo, algo derivado de las limitaciones que, a su vez, impone, en materia de ampliación de plantillas, la conocida como Ley Montoro.
La mayoría de la oposición coincidió en criticar la «ideologización» en general de los procesos participativos que el Gobierno plantea en el municipio, aspecto rechazado por los portavoces de todos los partidos que forman el Gobierno local.
